53 años de la masacre del 9 de febrero de 1966

Tres días después, el 3 de septiembre, se rubrica el Acta Institucional, documento que fungió como Constitución de la República hasta el 28 de noviembre de 1966 en un país intervenido por las tropas de ocupación de los Estados Unidos que, de acuerdo a lo pactado, abandonarían el país luego de la celebración el 1ro. de junio de ese año al instalarse las autoridades electas.

En este ambiente de transición y de resistencia patriótica que se vivía en los primeros meses de la post guerra, la comunidad universitaria, con la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) a la cabeza, y el apoyo de los principales grupos estudiantiles de la educación media y secundaria, liderados por la Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER), la Juventud Revolucionaria Cristiana (JRC) y otras asociaciones decidieron realizar una marcha hacia el Palacio Nacional para reclamar con esa acción, al Presidente Provisional de la República, doctor Héctor García Godoy, una respuesta positiva respecto a la solicitud de reconocimiento gubernamental del Movimiento Renovador Universitario (MRU), lo que implicaba la entrega de los fondos correspondientes a las asignaciones presupuestarias dejadas de entregar en los meses de vigencia del MRU.

A estas demandas se le sumaron las de los estudiantes de las escuelas y liceos públicos, que venían reclamando la salida de los planteles y del país, de las tropas de ocupación de los Estados Unidos que habían convertido en cuarteles las edificaciones destinadas a la educación pública.

Cumpliendo con lo acordado, el 9 de febrero, bajo un sol radiante, desde las 9 de la mañana, cientos de estudiantes y profesores se dirigieron en marcha por diversas calles de la capital en dirección al Palacio Nacional. Y al colocarse frente a la puerta que está en la intersección Moisés García con Doctor Báez se concentraron elevando por los cielos sus voces de protestas.

Frente a ellos, detrás de la verja perimetral del edificio gubernamental, más de 20 policías y militares armados de fusiles y ametralladoras apuntaban desafiantes a la multitud, que ejercía su derecho a la protesta.

Fuera de la verja, otros agentes policiales trataban de calmar a la multitud enardecida que voceaba a todo pulmón ¡Fuera yanquis de Quisqueya! ¡Presupuesto para la UASD! ¡Fuera los yanquis de las escuelas!

La Comisión

Mientras, esperaban los resultados de la petición de audiencia al Presidente de la República, García Godoy, que le había solicitado una comisión de la FED integrada por Amín Abel Hasbún, Secretario General, Carlos Dore Cabral, Diomedes Mercedes, Romeo Llinás, Luis E. Brea, Jimmy Sierra, Gustavo González, Héctor Florentino, José Sosa, Juan B. Rodríguez (UER), Juan Barón Fajardo, Jacobo Valdez, Pedro Díaz, Miguel Gómez (JRC), el Nuncio Apostólico, Emmanille Clarizio y el sacerdote Sergio Figueredo.

Ante la creciente insistencia de los comisionados de entrevistarse con el Presidente García Godoy, el Secretario de Estado de la Presidencia, doctor Jaime Manuel Fernández, ordenó su entrada al Palacio y tras entrevistarse con ellos, ante su interés de ver al mandatario les informa que no se encontraba en el Palacio y que el encuentro sería en horas de la tarde. Entonces, Amín le respondió que lo esperarían sentados en la escalinata frontal.

Ante la incertidumbre de los manifestantes que desconocían el resultado de los comisionados, se ordena a Romeo Llinás bajar para explicar a la multitud los resultados de su gestión. Llinás sube, ayudado por otros estudiantes, a la verja de una vieja residencia que estaba en la intercepción referida y trata dirigirse a los manifestantes que esperaban ansiosos sus orientaciones.

En ese instante un grupo de manifestante quema una bandera norteamericana al son de voces colectivas que gritan: ¡Go Home Yanquis! Una patrulla de la llamada Fuerza Interamericana de Paz se observa cerca del lugar.

La tensión crece y la ira se desborda mientras la bandera yanqui arde y el Policía, cercado de estudiantes enfurecidos se desespera e intenta bajar a la fuerza a LLinás, quien respaldado por decenas de estudiantes se resiste. Fue, aquí, en medio de la confusión reinante que se escucha la voz de un oficial ordenando: ¡Fuego! ¡Fuego!

Los disparos eran interminables

Los disparos de los fusiles y ametralladoras eran interminables. Un oficial que no fue identificado, soltó su arma y abriendo los brazos pidió a los subalternos que dejaran de disparar, mientras otro tomó el mando y ordenó de nuevo el fuego. Al cesar los disparos solo se escuchaban los quejidos de los moribundos y los gritos de los heridos, en una atmósfera irrespirable con olor a sangre y pólvora.

Entre los estudiantes asesinados se registraron: Antonio Santos Ramírez, Luis Jiménez Mella, Miguel Tolentino y Amelia Ricart Calventi, fallecida un mes después en un hospital de los EEUU, donde fue trasladada por sus familiares para tratar de salvar su vida. Y los heridos fueron: Josefa de la Rosa, Fortune Modesto Valerio, Adrián de Jesús, Antonio Pérez Méndez, Brunilda Amaral Oviedo, Modesto Guzmán, Patricio Concepción, Juan Castillo, Freddy Cruz. Marisela Germán Aristy, Bienvenido Rivera. De los heridos, permanecen en silla de ruedas, Brunilda Amaral Oviedo y Tony Pérez, ambos alcanzados por disparos que le hicieron impacto en la columna vertebral.

La reacción no se hizo esperar. Una huelga general fue convocada por las principales organizaciones sindicales, sectores populares, trabajadores, educativo, comerciales e industriales, como también por los principales partidos de oposición y sectores políticos de izquierda del país, lo que generó una serie de protestas en los barrios de la capital y en diversas provincias donde se demandaba la destitución del Jefe de la Policía Nacional y de los policías y militares responsables del ametrallamiento, así como la salida de las tropas de ocupación de los Estados Unidos. La huelga, que duró 7 días, dejó un balance de tres policías muertos y varios civiles, entre los cuales se encontraba Ricardo Caamaño Tejada, primo del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó.

La huelga logró la destitución del Jefe de la Policía Nacional, Coronel Hernán Despradel Brache, sustituido por el General Manuel de Jesús Morillo López, y ldel Comodoro  Francisco Rivera Caminero, Secretario de las Fuerzas Armadas, sustituido por el General Enríquez Pérez y Pérez.

Amín Abel

Luego de la masacre, el Secretario general de la FED, Amín Abel Hasbun, dijo en una conferencia de prensa que se había comunicado por teléfono desde el Palacio Nacional, con el Presidente Héctor García Godoy, quien permanecía en su hogar manifestándole a él que era imposible fijar responsables para sancionar a los autores de la tragedia: ´´Te confieso, Amín, que los jefes militares no obedecen mis órdenes´´.

Por su parte, la Policía Nacional afirmó que el incidente se originó porque algunos de sus miembros fueron atacados a pedradas por los estudiantes y que algunos de estos estaban armados y dispararon. El vocero oficial de esa institución dio a la prensa el nombre del raso policial Ramón Andrés López Ventura, informando que fue baleado en un pie y atendido en el hospital Militar Dr. Lithgow Ceara. Todas estas declaraciones de la uniformada fueron desmentidas por testigos oculares de los hechos y por sobrevivientes.

Lo peor que podemos contar de esta historia es que nadie fue sometido a la justicia, a pesar de la sangre derramada y el sufrimiento de los familiares de los muertos, quienes desde sus tumbas claman justicia.