A falta de planificación, reducción de presupuesto
Solo la movilización activa y constante de los pueblos, puede lograr que sus gobernantes tomen medidas en beneficio de la clase social más desposeída.
Históricamente la sociedad dominicana ha sido víctima de las desaforadas acciones de sus gobernantes en materia educativa, al punto que pareciera, que las mismas están atadas a un programa de gobierno anclado en la parte más profunda en las entrañas de la administración del Estado dominicano.
En la búsqueda de revertir esa realidad, en el año 2010 diversos sectores de la sociedad dominicana se movilizaron, exigiendo la designación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación dominicana, tal como lo establece la Ley General de Educación 66-97.
Artículo 197.- El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto interno bruto (PIB) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período, estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PIB).
Como resultado de la movilización social que llevó a cabo la sociedad de Dominicana durante largos meses, los 10 candidatos a la presidencia de la república rubricaron un documento, en el cual se comprometen al fiel cumplimiento de ese derecho que fundamenta la Ley 66-97 en su artículo 197. Los candidatos firmantes fueron: Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP); Max Puig, de Alianza Por la Democracia (APD); Julián Serulle, del Frente Amplio; Guillermo Moreno, de Alianza País; Eduardo Estrella, de Dominicanos por el Cambio; y Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, del Partido Cívico Renovador, José Miguel Soto Jiménez, de la V República; Ismael Reyes Cruz, del Partido Demócrata Institucional (PDI); y Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Luego de concluido el proceso electoral del año 2012, tal como fuera acordado y firmado, el electo presidente de la república Danilo Media Sánchez cumplió asignando el 4% del PIB para la educación dominicana. Debemos precisar que de inmediato aparecen diversos actores, los cuales en su momento se mantuvieron al margen de lo que acontecía en el país en materia educativa. El reparto de los recursos del 4% no se hizo esperar en la administración pública, limitando así la posibilidad de que esos recursos fueran focalizados para el impacto positivo de la educación dominicana en término académico e integración intelectual.
A más de una década que fuera asignado el 4% del Producto Interno Bruto para la educación dominicana, no es posible presentar avances significativos en materia educativa. Esta realidad se fundamenta en que al día de hoy la República Dominicana ha tenido la desdicha, de no contar con un gobierno y mucho menos con un Ministro de Educación que pueda desarrollar un plan a largo plazo, para el avance y calidad de la educación dominicana. Más bien, estos han convertido el Ministerio de Educación en un vulgar mercado comercial, donde el proselitismo, clientelismo y oportunismo siempre han estado presente, al punto que el reparto de recursos económicos y de funciones llegó al mismo tiempo que el 4% y lamentablemente hoy en día se mantiene impregnada en la parte más profunda del referido ministerio, convirtiendo a este en una finca política y de esta mejora limitar de manera permanente el avance de la educación.
Recientemente el Poder Ejecutivo ha enviado una propuesta para la reducción del presupuesto de educación ante el congreso de la república, antes de ver está solicitud en término jurídico existen diversas interrogantes que deben ser planteadas.
– ¿Cuenta la República Dominicana con las aulas necesarias para albergar los niños, adolescentes y jóvenes que recurren a la educación pública como derecho fundamental?
– ¿Los centros educativos públicos cuentan con las condiciones mínimas para albergar seres humanos?
– ¿Poseen los estudiantes de la escuela pública dispositivos tecnológicos, recursos didácticos y pedagógicos para el desarrollo significativo del aprendizaje?
Cuando se desconocen las normas jurídicas que rigen un país, se cae en lo absurdo y lo ridículo . El hecho de proponer reducir la asignación presupuestaria del Ministerio de Educación de la República Dominicana, denota en el presidente de está un desconocimiento total de la Constitución Dominicana, la cual expresa en su artículo 63 literal 10 lo siguiente. “ La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas”.
Es compromiso de todos los dominicanos garantizar el fiel cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Educación 66-97 en su artículo 197, con relación a la designación del 4% del Producto Interno Bruto para educación dominicana. Además de hacer cumplir lo que refiere la Constitución Dominicana en su artículo 63, literal 10. Todo acto contrario a lo establecido por los reglamentos expuestos anteriormente, en materia jurídica debe ser declarado inconstitucional.
El hecho de atentar contra la calidad de la educación de un pueblo debe ser considerado, “crimen de lesa humanidad». “La educación es el alma liberadora de los pueblos”, con está se reafirma la conciencia nacional, se cultivan los valores éticos, morales y ciudadanos, además desarrolla el pensamiento crítico, para que los pueblos logren avanzar y desarrollarse con lo requiera el momento y las circunstancias.
FUENTE EL JAYA
