Abogado acusa al Ministerio Público de no pagar deuda de bien incautado
Durante la continuación de la contrarréplica del caso Coral y Coral 5G, la defensa de la empresa imputada R&F Agroindustrial y su gerente general Felipe del Jesús Fernández Ysa dijo ante el tribunal que el Ministerio Público «retiene en sus arcas» el pago de arrendamiento que utilizaba el Fernández Ysa para el pago de una deuda contraída con el Banco Agrícola.
El invernadero de R&F Agroindustrial quedó bajo custodia del Ministerio Público tras los allanamientos realizados a propiedades vinculadas al general imputado Juan Carlos Torres Robiou hace dos años. Según el abogado Plutarco Jáquez, el señor Fernández Ysa copropietario de la empresa con Torres Robiou, contrajo un préstamo con el Banco Agrícola para la compra del invernadero que terminó arrendando.
Explicó que con el pago del arrendamiento pagaba la deuda, pero al ser incautado, supuestamente, el Ministerio Público le dijo al arrendatario que los 38 mil dólares anuales (2,074,800 pesos dominicanos) debían entregarlo al órgano persecutor.
«El Ministerio Público está cobrando ese dinero. Se queda con él y entonces el inmueble se está perdiendo y se lo van a ejecutar a mi cliente, cuando el Ministerio Público tiene la obligación de cumplir con todos los compromisos económicos de los bienes que están bajo su custodia para que no se pierdan», dijo a la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Janibet Rivas, la tarde de este lunes mientras se conocía la contrarréplica de las defensas de los imputados en el caso Coral.
Tras hacer estas revelaciones, los fiscales del Ministerio Público intentaron interrumpirlo, pero no le fue concedido responder porque era el turno de la contrarréplica.
«Los mando a callar porque es mi turno. Le han dañando el crédito y va a perder la propiedad por ustedes no hacer el pago».
En conversación telefónica con Diario Libre, Jáquez precisó que Fernández Ysa tiene atrasado el pago de US$ 76 mil (RD$ 4,149,600), correspondiente a los dos años que lleva el proceso en los tribunales. Explicó el invernadero incautado tiene un valor de 40 millones de pesos.
Explicó que su cliente no está imputado, pero acudirá a la audiencia como interviniente voluntario porque su empresa es la que está encartada en el proceso.
«Qué pasará cuando el Ministerio Público le devuelva el bien a mi cliente, porque así va a suceder, este perderá una propiedad valorada en 40 millones de pesos», advirtió.
De qué acusa el Ministerio Público a R&F Agroindustrial
R&F Agroindustrial una de las empresas que formaban parte de la estructura criminal de la red Coral y Coral 5G que utilizaba los imputados para distraer los fondos del erario y ocultarlos.
Plutarco dijo que esta entidad comercial, dedicada a actividades agrícolas de cultivo, producción, ventas, exportación e importación de insumos agrícolas, está imputada porque «el Ministerio Público piensa que Torres Robiou allí ocultó dinero Público allí, pero R&F Agroindustrial no le vendió nunca al Estado», indicó.
Audiencia
La jueza Janibet Rivas aplazó la audiencia para este viernes de 9 de junio. Este lunes, las defensas culminaron la contrarréplica de los imputados. Para este viernes continúa la contrarréplica de los intervinientes voluntarios y de los imputados que así lo deseen.
Es posible que la sociedad dominicana escuche nuevamente al colaborador del Ministerio Público, Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien admitió la comisión de los actos corruptos.
El abogado del general Boanerges Reyes Batista (ARD), Waldo Paulino, adelantó que este hará su uso de su derecho a réplica.
«La acusación se debe declara nula porque el Ministerio Público dijo en sus tres mil setenta y ocho páginas que tenía cuatro mil pruebas a cargo y ninguna fueron presentadas ante la jueza de instrucción», indicó.
Imputados
El organismo de persecución acusa a 30 personas y 18 empresas de formar parte del entramado de corrupción que funcionaba a lo interno de los cuerpos castrenses e instituciones públicas y que fue desmantelado mediante la Operación Coral y Coral 5G.
El órgano acusador establece que los integrantes de la red movieron al menos 4,000 millones de pesos, y más de 2,000 millones fueron invertidos en bienes e inmuebles.
Al grupo se le imputa incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Entre los acusados de Coral figuran el general Adan Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que por Coral 5G son procesados los generales Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
