Cinco diputados se jugarían privilegios judiciales en elecciones de 2024

Cuatro diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y uno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) perderían en 2024 la inmunidad parlamentaria que, hasta ahora les ha evitado el conocimiento de medida de coerción, y la jurisdicción privilegiada en el Sistema de Justicia en caso de no ser reelectos en sus cargos.

Nelson Rafael Marmolejos Gil (PRM), Héctor Darío Féliz Féliz (PRD) y Faustina Guerrero Cabrera (PRM) están acusados de formar parte de la presunta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la operación Falcón.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) designó al magistrado Napoleón Estévez Lavandier como juez de instrucción especial para conocer el proceso contra esos legisladores y contra la diputada Amalia Pilarte López (PRM), de La Vega, sindicada por el Ministerio Público en lavado de activos. También para el diputado Sergio Moya (PRM), señalado como parte de una estructura de extorsión a bancas de apuestas dentro de la Operación Calamar.

Otros investigados en las mismas operaciones cumplen prisión preventiva. Cuando realizó los apresamientos en la Operación Falcón, Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, dijo que la razón por la que no se arrestó a Héctor Darío Féliz fue por su inmunidad.

“El referido legislador está bajo investigación y no fue arrestado en la madrugada de hoy por la única razón de que tiene inmunidad (parlamentaria) y esta inmunidad impide que el Ministerio Público proceda al arresto”, recalcó.

El abogado constitucionalista Amaury Reyes Torres recuerda el precedente con el caso Odebrecht, en el que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declinó a la jurisdicción ordinaria el caso contra el senador Tommy Galán cuando éste dejó su curul al terminar su período, mediante la sentencia resolución núm. 001-022-2020-SRES-00869.

Si la SCJ aplica el mismo criterio, los congresistas actuales podrían tener el mismo destino. Esto también podría depender de la etapa en la que esté el proceso judicial.

“Mi criterio particular es que una vez que termina el cargo legislativo o el cargo ministerial, la Suprema Corte deja de tener competencia y debería mandarse a la competencia ordinaria”, señala Reyes. Explica que hay distintas posiciones al respecto.

Otros constitucionalistas consideran que, una vez iniciado el proceso en esa corte, debería continuar allí, mientras otros entienden que no debería mudarse cuando está en la fase de juicio de fondo.

La Constitución
La Constitución dominicana establece que serán juzgados en única instancia (sin posibilidad de escalar a otros tribunales) en la Suprema Corte de Justicia las causas penales contra el presidente, vicepresidente, senadores, diputados, jueces del Tribunal Constitucional y del Superior Electoral, ministros y viceministros, procurador, defensor del Pueblo, miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria.

Pero el texto constitucional precisa que la inmunidad parlamentaria “no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la cámara a que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho”.

La autoridad judicial puede solicitar a ambas cámaras que se retire la protección a uno de sus miembros, para lo cual la carta sustantiva otorga un plazo máximo de dos meses.

Partidos deben decidir
Los partidos a los que pertenecen esos legisladores deberán tomar la decisión de respaldar o no las candidaturas de los imputados por delitos graves que quieran aspirar a una reelección.

El PRM y el PRD hasta ahora no han sancionado a los legisladores en conflicto con la justicia. El presidente y la secretaria general del PRM, José Paliza y Carolina Mejía, respectivamente, solicitaron a la Cámara de Diputados retirar la inmunidad parlamentaria e iniciar el proceso para designar un sustituto para el diputado Miguel Gutiérrez, casi dos años después de haber sido apresado en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

El diputado oficialista Juan José Rojas considera que el PRM no puede tomar una acción contra una persona por lo que considera “suposiciones”, hasta tanto no haya sido condenada por la justicia. “Nosotros no podemos por rumores públicos o por rumores de particulares tomar una acción en contra de una persona que todavía no se le ha señalado”, precisó.

En caso de solicitarse al pleno de la Cámara de Diputados retirar la inmunidad parlamentaria, el legislador dice que tendría que valorar las pruebas que hay “para no estar condenando a una persona sin todavía tener ninguna prueba a mano”.

El diputado Ignacio Aracena se considera afín con la posición del PRM de respetar la independencia de la Justicia y no intervenir, por lo que se limita a pedir que se cumpla el debido proceso.

El politólogo Jesús Bueno sostiene que por la sola mención de algún legislador o funcionario en actividades ilícitas éste no debería ir como candidato en ningún partido o movimiento político.