Condenan a 30 años a hombre que mató mujer tras discusión por pago de un trabajo en Invivienda
El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 30 años de prisión a un hombre de nacionalidad haitiana hallado culpable de matar en el 2023 a una una mujer de 65 años que lo había contratado para realizar un trabajo de desyerbe en el patio de su vivienda en el sector Invivienda del municipio Santo Domingo Este.
El condenado fue indentificado como Romer Montrefil.
De acuerdo a reseñas del hecho ocurrido el 30 de marzo de 2023, la occisa Altagracia Verolinys Rodríguez llamó a su victimario para que desyerbara y podara algunas plantaciones de su patio.
De acuerdo al testimonio de una vecina que conversó con Diario Libre, en aquel momento, la víctima le había servido alimentos a Montrefil antes de que comenzara a trabajar.
Señaló que, terminada la labor, el haitiano le pidió a la dama más dinero de lo que estaba acostumbrado a percibir. Tras la víctima no ceder a su pedimento, Montrefl ingresó a su casa a buscar, por su cuenta, la licuadora de ella en calidad de pago por sus servicios, sin embargo, cuando la señora le reclamó, se atrincheró en la residencia para acuchillarla.
La víctima vociferó «auxilio, auxilio», pero fue tarde para ella. Cuando las autoridades del 9-1-1 y la Policía Nacional llegaron había fallecido de varias estocadas que le propinó el jornalero con un cuchillo de 12 pulgadas de largo.
Captura y proceso judicial
Montrefil fue capturado mientras trataba de escapar por la puerta trasera de la vivienda. El Ministerio Público dijo que, al momento de la detención, tenía el celular de la víctima en sus manos.
Este miércoles, a casi un año del suceso, el Ministerio Público informó que hubo sentencia condenatoria contra el Montrefil.
Los jueces del Primer Tribunal Colegiado, que preside la jueza Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal e integran los magistrados Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, le dictaron 30 años de prisión a cumplir en la Penitenciaría de La Victoria y al pago de una indemnización de un millón de pesos.
Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Felipe Cuevas, demostró ante el tribunal que el hoy condenado violentó los artículos 295, 304, 381, 382 y 383 del Código Penal Dominicano y los artículos 83 y 86 de la Ley sobre el Control de Armas, Municiones y Materiales relacionados.
