COVID-19: AI incluye a RD entre países que deben proteger y no reprimir

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Amnistía Internacional (AI) pidió hoy a las autoridades de todos los Estados de América «evitar recurrir a medidas represivas y extralimitadas que impongan restricciones indebidas sobre los derechos humanos» con el argumento de que así “protegen” a la población del COVID-19.

Amnistía documentó en vídeos más de medio centenar de casos en la región donde en las últimas siete semanas los gobiernos dictaron «tácticas arbitrarias, represivas y punitivas», algunos de los cuales fueron filmados en República Dominicana.

Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, remarcó que desde marzo se registran «indicios preocupantes» de que los Gobiernos están recurriendo a «formas de represión» clásicas para hacer cumplir ahora medidas de salud.

En muchos casos se observa el uso de la detención como primera medida y no como último recurso, así como uso de fuerza innecesaria, apuntó.

«Muchas de las que sufren represión en las Américas son personas marginadas que necesitan acceso a alimentación, asistencia médica y otros servicios básicos, no ser criminalizadas», sostuvo tras recordar que se han declarado estados de excepción e impuesto cuarentenas o toques de queda, entre otros «enfoques coercitivos».

EN REPÚBLICA DOMINICANA Y OTRAS NACIONES

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«A Amnistía Internacional le preocupa la decisión de las autoridades de detener a personas sólo por incumplir las restricciones impuestas en el contexto de la pandemia de COVID-19, sobre todo porque hay muy poca información pública y accesible respecto a las condiciones de detención de estas personas», sostiene AI.

«Tampoco está claro -prosigue- si las personas detenidas tienen acceso a representación legal y otras garantías del debido proceso. Escribimos a las autoridades para solicitar más información».

Los vídeos verificados apuntan a que la policía dominicana, por ejemplo, «está deteniendo y recluyendo rutinariamente a personas por no llevar mascarilla» o por no guardar un distanciamiento físico.

«Las autoridades recurren con frecuencia al uso de fuerza innecesaria en las detenciones, tendencia que Amnistía Internacional ya ha documentado al investigar las reiteradas detenciones arbitrarias de trabajadoras sexuales y de jóvenes en informes anteriores sobre el país», argumenta.

República Dominicana declaró el estado de excepción e impuso el toque de queda en marzo y en un mes se detuvieron unas 27 mil personas, destacó.

La Policía dominicana, insistió, «está deteniendo y recluyendo rutinariamente a personas por no llevar mascarilla».

Igualmente, en El Salvador se han detenido a miles de personas por presunta violación de la cuarentena en sus casas.

En Puerto Rico, República Dominicana y México se han identificado, mediante videos, momentos en los que la Policía parece estar interceptando a personas cuando iban a comprar, añadió.

MALOS TRATOS POR INCUMPLIR CONFINAMIENTO

AI identificó a policías recurriendo a castigos «humillantes y degradantes» en contra de quienes incumplen el confinamiento en países como Venezuela, Paraguay y otra vez en la República Dominicana.

En Argentina, AI verificó un video donde se ve a la Policía golpeando a una persona sin hogar. «Los Gobiernos deben habilitar centros para las personas sin hogar para que puedan aislarse», apuntó.

“Las imágenes grabadas en todo el continente americano que hemos verificado desde finales de marzo contienen indicios preocupantes de que los gobiernos están volviendo a recurrir a formas de represión que documentamos en 2019 y anteriormente; esta vez para hacer cumplir las medidas de salud pública relacionadas con la pandemia”, insistió.

A finales de abril, las mismas autoridades de El Salvador publicaron videos sobre el trato «inhumano y degradante» a personas detenidas que, según informes, pertenecerían a organizaciones delictivas.

FALTA DE ALIMENTOS

En abril, el Programa Mundial de Alimentos advirtió de posibles hambrunas de «dimensiones bíblicas» debido a la repercusión económica de la pandemia y nombró entre países con mayor riesgo a Venezuela y Haití.

En Honduras, entidades civiles documentaron 106 manifestaciones pacíficas para exigir alimentos, agua y medicamentos a las autoridades locales y nacionales en abril.

«Amnistía Internacional ha visto a personas manifestándose por la falta de acceso a alimentos, agua y saneamiento en varios países durante la pandemia» explicó, y lamentó que en algunas ocasiones dichas protestas fueran disueltas por la fuerza.

CONDICIONES INHUMANAS

Algunos Gobiernos les han impuesto cuarentenas a personas que incumplen el confinamiento en sus casas, como en El Salvador, o a personas migrantes y refugiadas y otras que han regresado a su país de origen, como en Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador y Paraguay.

Aunque las autoridades pueden imponer cuarentenas en respuesta al COVID-19 deben garantizar unas «condiciones humanas y no discriminatorias», explicó.

“El COVID-19 nos afecta a todas las personas, pero no de la misma forma. Muchas de las que sufren represión en las Américas son personas marginadas que necesitan acceso a alimentación, asistencia médica y otros servicios básicos, no ser criminalizadas y sometidas a malos tratos. Los gobiernos se equivocan si piensan que con medidas represivas van a proteger a la gente de esta enfermedad”, repitió Erika Guevara Rosas.

Además de que la provisión de refugio, agua y saneamiento es insuficiente, algunas personas «afirman que no se les han hecho pruebas de COVID-19 o no han recibido los resultados, lo que significa que personas que no tienen el virus pueden estar sufriendo privación de su libertad de manera arbitraria en un lugar donde corren mayor peligro de infectarse».

VENEZOLANOS

Solo a mediados de abril, en el contexto de la pandemia, unas 6 mil personas venezolanas refugiadas volvieron a Venezuela de los países vecinos que las acogían, como Colombia, Perú y Ecuador, ante la precariedad del trabajo y la falta de seguridad social.

Estas personas, advierte AI, «han sido ubicadas en unos 97 centros y obligadas a guardar una cuarentena y a sufrir condiciones precarias y estigmatización».

Posteriormente y de acuerdo con varios informes, al momento de esta publicación,unas 33 mil personas venezolanas habrían regresado a su país en respuesta al COVID-19.

EL SALVADOR

En otro vídeo grabado en El Salvador, donde miles de personas han sido confinadas en centros que no reúnen las condiciones necesarias, se ve cómo personas migrantes retornadas se enfrentan a una terrible tormenta en un refugio casi a la intemperie.

El 30 de abril, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos escribieron al presidente de El Salvador para expresar su preocupación por su aparente desprecio de una resolución del Tribunal Constitucional según la cual las autoridades no pueden privar de su libertad a las personas por incumplir la orden de cuarentena en sus casas, y declarando que el confinamiento forzoso sin pruebas de síntomas o exposición al COVID-19 es inconstitucional.

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