Declaran organizadores de elecciones primarias opositoras en Venezuela

La corte suprema de Venezuela suspendió este lunes «todos los efectos» de las primarias de la oposición, en medio de un asedio judicial contra este proceso que encendió alarmas en Estados Unidos a dos semanas de flexibilizar sanciones contra el país a cambio de condiciones electorales.

Las internas para elegir al rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024 se celebraron de manera autogestionada el 22 de octubre con una participación de 2.4 millones, según sus organizadores, y un triunfo arrasador de la liberal inhabilitada María Corina Machado, con 92 % de los votos.

Maduro, su partido y el resto de las autoridades sostuvieron que la oposición infló las cifras y desconocieron el proceso.

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, admitió un recurso de amparo contra la primaria introducido por José Brito, diputado al Parlamento y tachado de colaboracionista.

«Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la ‘comisión nacional de primarias'», señaló la sentencia publicada en la web de la máxima corte del país.

Un portavoz del Departamento de Estado advirtió que Estados Unidos «tomará medidas si Maduro y sus representantes no cumplen con sus compromisos de la hoja de ruta electoral».

Las internas se realizaron cinco días después de que el gobierno y la oposición acordaron respeto a las primarias en una mesa de diálogo, donde además se decidió celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 con observación de la Unión Europea y otros actores internacionales.

Washington en respuesta alivió por seis meses el embargo petrolero impuesto al país en 2019.

Luis Vicente León, analista político y director de la firma Datanálisis, descartó que, más allá de la reacción, haya una vuelta atrás en el levantamiento parcial del embargo en un contexto mundial de crisis energética.

«Pueden haber castigos, rediseño de la estrategia de Estados Unidos para seguir presionando a Maduro», dijo a periodistas.

«El dilema hoy es licencias o elecciones» porque «si mueves demasiado el proceso de licencias puedes conducirte a un proceso de ‘nicaragüización’ del proceso venezolano», señaló en referencia al manual de Daniel Ortega de encarcelar y exiliar a sus oponentes electorales.

– Inhabilitación de «manera firme» –
El fiscal Tarek William Saab abrió igualmente una investigación por la presunta comisión de delitos de usurpación de la función electoral y de identidad, además de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Y sus fiscales interrogaron por cinco horas a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), que salió sin declarar a la prensa. Otros miembros de su equipo en Caracas y en el resto del país también prestaron testimonio sobre la operación y el financiamiento del proceso.

La primaria no contó con la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, después de meses de evasivas, finalmente propuso a último minuto posponer el evento un mes para poder organizarlas pero sin garantías de poder inscribir a candidatos inhabilitados, una condición de la oposición.

Oswaldo Ramírez, consultor político y director de la firma ORC, dijo a periodistas que el gobierno está probablemente buscando «la repetición de la primaria. Ahora, de la mano del Consejo Nacional Electoral y con candidatos habilitados».

Así, busca «dominar o escoger con quién vas a competir» y «generar ese proceso de desincentivo en el votante opositor», añadió.

El acuerdo de Barbados dejaba en el aire el tema de las inhabilitaciones políticas, sobre el que Estados Unidos también ha presionado.

Aunque el TSJ reafirmó las sanciones en su sentencia al referirse a Machado como «ciudadana inhabilitada de manera firme por 15 años» por supuesta corrupción y promover sanciones.

El tribunal exigió también todos los documentos relacionados al proceso, incluidos los cuadernos de votación, que la oposición insiste en mantener secretos para evitar represalias contra los participantes por parte del gobierno, como ocurrió hace 20 años durante una colecta de firmas para revocar al expresidente Hugo Chávez (1999-2013).