Defensa de Jean Alain Rodríguez pide excluir pruebas de acusación en caso Medusa
La de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso de corrupción conocido como Medusa, prosiguió este viernes en su demanda frente al juez de instrucción del Distrito Nacional para que declare la nulidad de la acusación por supuestamente violar el debido proceso y su derecho de defensa.
Los abogados Nelys Rivas y Gustavo Biaggi presentaron varios incidentes ante el juez Amauri Martínez, con los que buscan que sean excluidas varias de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, sea porque no le fueron notificadas a tiempo al exprocurador o porque fueron introducidas de manera desleal, de «contrabando».
Rivas basó el pedimento en la presunta negativa del Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), de entregarle a tiempo y completa la carpeta fiscal de la investigación.
Alega que, desde junio de 2021, cuando se produjo la detención y conocimiento de la medida de coerción contra Rodríguez, hasta mayo de 2022, estuvieron solicitando por distintas vías, acceso a la carpeta fiscal de la investigación, así como a documentos a varias instituciones públicas que se negaron a entregarle, bajo alegato de que eran parte de una investigación.
Fue en mayo de 2022, cuando la Pepca le habría entregado una carpeta fiscal que para ellos les pareció una burla, pues «contenía las mismas pruebas que se habían presentado al momento de la solicitud de medida de coerción».
Según Rivas, la carpeta tenía informaciones parciales y erróneas. Alegó también que más del 95 por ciento de las pruebas aportadas tenía fecha con anterioridad a la acusación, lo que significa que el Ministerio Público las tenía mucho antes y el exprocurador no pudo hacerle los reparos necesarios.
Dijo que, al no permitirle acceso a la carpeta fiscal, a Jean Alain Rodríguez se le violó tanto el debido proceso como derecho de defensa.
Continuando con el acceso a las pruebas, Biaggi indicó que, fue en julio de 2022 cuando la Pepca hizo entrega de la carpeta fiscal en un disco digital que estaba defectuoso, lo que provocó que el juez le ordenara corregir el dispositivo.
Sería en septiembre cuando se entregó un nuevo disco ya corregido, con la sorpresa para ellos de que tenía pruebas adicionales que no se habían notificado anteriormente, violando el plazo procesal.
«La Pepca entrega un segundo disco totalmente diferente al primero, tanto en contenido como en forma, incorporando o introduciendo 120 mil archivos que no se encontraban en el primer disco», expuso Biaggi.
Según indicaron los abogados, entre los documentos probatorios introducidos «de contrabando», hay certificaciones de varias entidades bancarias y laborales.
«El Ministerio Público conjuntamente con su acusación, de manera desleal, de manera burda, fueron incluidas en el segundo disco que tenía orden de ser reparado, no de incluir nuevas pruebas«, recalcó Rivas.
