Dekolor y sus socios, con prácticas muy cuestionadas

La empresa Dekolor, incluida como fiadora solidaria e indivisible de la empresa Transcore Latam, ganadora del anulado contrato de los semáforos inteligentes para el Gran Santo Domingo, ha sido blanco de varios cuestionamientos. Igual sus socios, quienes han tenido que enfrentar acusaciones dentro y fuera de República Dominicana.

La empresa tiene a su cargo el servicio de emisión de licencias de conducir gracias a un contrato arribado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la misma entidad que licitó los referidos semáforos.

Dekolor, según su registro mercantil, tiene como socios a OML Inversiones, SRL., bajo la representación de José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y a la Fundación RG5 representada por Rogelio Ramón Oruña Aguilar. Ambos son socios a partes iguales, cada uno con 300,000 cuotas sociales de la empresa, según acta de la asamblea de enero de este 2023.

Justo durante la contratación para la expedición de la licencia, en el año 2005, se cuestionó el proceso de selección de esta empresa, porque no hubo una licitación, sino un estudio de propuesta, según explicó entonces el Ministerio de Obras Públicas, que realizó el procedimiento.

Uno de los que presentaron proyectos, la empresa británica De La Rue, alegó que su oferta tenía un costo menor al seleccionado. Dos años después, la empresa mexicana Cosmocolor, que fue presentada como matriz de Dekolor, negó la vinculación con ellos, durante una entrevista de sus ejecutivos a Diario Libre.

Las críticas a Dekolor, que para entonces contaba entre sus socios a Oruña Aguilar, volvieron a surgir en 2015, cuando abogados dominicanos cuestionaron al entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, por haber realizado varias modificaciones al contrato sin cumplir, supuestamente, con el debido proceso de ley.

Para la pandemia del COVID-19, Dekolor volvió a resaltar por un proceso de compra de termómetros corporales que, mediante trámite de urgencia y emergencia, abrió el Ministerio de Defensa. De acuerdo con reportes periodísticos, los equipos habrían estado sobrevaluados. El Ministerio de Defensa canceló el proceso de compra, alegando debilidades administrativas.

Acusaciones anteriores

Oruña Aguilar fue vinculado en Panamá a un escándalo por unos contratos para la construcción de cárceles y un centro de salud en el que supuestamente se habría pagado sobornos e involucraba al propio presidente de entonces de ese país, Ricardo Martinelli.

El nombre del empresario cubano-estadounidense también saltó a los medios nacionales por el hallazgo de un dinero en una residencia suya, en el Este del país.

Mientras, Jochy Gómez ha sido vinculado al ciberdelito. En 2019, tras las primarias para escoger al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el expresidente de la República Leonel Fernández pidió una auditoría forense al software utilizado en el proceso, por entender que había sido alterado para variar los resultados de la votación. Luego, dirigentes vinculados a su corriente dentro de la organización acusaron públicamente a Gómez de ser quien manipuló dichos resultados.

En julio de 2012, varios políticos y empresarios dominicanos se querellaron contra Gómez Canaán por supuesto robo de identidad y hackeo a cuentas electrónicas, un caso que fue declarado extinto penalmente un año después.

Lo nuevo

Al dar detalles ayer sobre la anulación del contrato de los semáforos, el director de la DGCP, Carlos Pimentel, dijo que en el curso de la investigación al proceso de licitación y sobre la empresa adjudicataria, pudieron identificar un entramado societario «con estructuras empresariales complejas, con signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final».

Señaló que ese tipo de fenómeno apunta a prácticas que buscan «ocultar la identidad de la persona o entidad que se beneficia finalmente».

Las críticas a Dekolor, que para entonces contaba entre sus socios a Oruña Aguilar, volvieron a surgir en 2015, cuando abogados dominicanos cuestionaron al entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, por haber realizado varias modificaciones al contrato sin cumplir, supuestamente, con el debido proceso de ley.

Para la pandemia del COVID-19, Dekolor volvió a resaltar por un proceso de compra de termómetros corporales que, mediante trámite de urgencia y emergencia, abrió el Ministerio de Defensa. De acuerdo con reportes periodísticos, los equipos habrían estado sobrevaluados. El Ministerio de Defensa canceló el proceso de compra, alegando debilidades administrativas.

Acusaciones anteriores

Oruña Aguilar fue vinculado en Panamá a un escándalo por unos contratos para la construcción de cárceles y un centro de salud en el que supuestamente se habría pagado sobornos e involucraba al propio presidente de entonces de ese país, Ricardo Martinelli.

El nombre del empresario cubano-estadounidense también saltó a los medios nacionales por el hallazgo de un dinero en una residencia suya, en el Este del país.

Mientras, Jochy Gómez ha sido vinculado al ciberdelito. En 2019, tras las primarias para escoger al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el expresidente de la República Leonel Fernández pidió una auditoría forense al software utilizado en el proceso, por entender que había sido alterado para variar los resultados de la votación. Luego, dirigentes vinculados a su corriente dentro de la organización acusaron públicamente a Gómez de ser quien manipuló dichos resultados.

En julio de 2012, varios políticos y empresarios dominicanos se querellaron contra Gómez Canaán por supuesto robo de identidad y hackeo a cuentas electrónicas, un caso que fue declarado extinto penalmente un año después.

Lo nuevo

Al dar detalles ayer sobre la anulación del contrato de los semáforos, el director de la DGCP, Carlos Pimentel, dijo que en el curso de la investigación al proceso de licitación y sobre la empresa adjudicataria, pudieron identificar un entramado societario «con estructuras empresariales complejas, con signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final».

Señaló que ese tipo de fenómeno apunta a prácticas que buscan «ocultar la identidad de la persona o entidad que se beneficia finalmente».

5 empresas, un nombre y misma actividad

En la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) figuran a la fecha cinco empresas que tienen nombre similar e igual actividad. En tres de ellas, José Ángel Gómez Canaán, Jochy Gómez, figura como titular.

Una de las compañías es Transcore Latam la empresa ganadora del contrato para la instalación de los semáforos inteligentes para el Gran Santo Domingo, anulado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, al encontrar «graves irregularidades» en el proceso de licitación que realizó el Intrant.

Las primeras en hacer el registro en Onapi fueron Transcore y SIC Transcore Dominicana en fecha 18 de mayo del 2022, declarando como titular a José Ángel Gómez Canaán, y con dirección en la avenida Gustavo Mejía Ricart, número 73.

También declaran exactamente la misma actividad: «Ejecución, construcción y diseño de soluciones viales, implementación de dispositivos de seguridad para la emisión de documentos personales, distribución y venta de equipos de seguridad. Integración de todas las operaciones y controles de estaciones de peaje, permitiendo administrar local o remotamente los equipos de cada vía y su interconexión con los centros de control operativo, al igual que representaciones de marcas y equipos de su ramo».

Al día siguiente, el 19 de mayo, se expide el registro de marca a Transcore Dominicana, con el mismo titular y misma dirección que las dos anteriores, pero en el detalle de actividad se añade a lo citado el «desarrollar sistemas avanzados de gestión y control de tráfico, desarrollo de soluciones para la administración pública, sistemas de seguridad vial, gestión de expedientes sancionadores e infracciones de tránsito».Para el 9 de junio de ese año, se expide el registro de marca a Transcore Latam, que tiene como titular a Jorg Brinkmeyer, y fija domicilio en la avenida George Washington, número 662. La descripción de actividad es exactamente igual que las dos primeras. Una semana después, el día 17, se registra SIC Transcore Latam, con Brinkmeyer como titular, con el mismo domicilio y misma actividad que la anterior.