Denuncian «desaparición forzada» en Venezuela de activista y sus familiares
La activista y experta en temas militares Rocío San Miguel, detenida cuando se disponía a viajar fuera de Venezuela, será imputada por «traición a la patria», «terrorismo» y «conspiración«, informó este lunes el fiscal general, Tarek William Saab.
Saab afirmó en X que el Ministerio Público solicitará al tribunal contra terrorismo que lleva el caso «privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros».
La defensa de San Miguel denunció más temprano que tanto ella como cinco de sus familiares: su hija, dos hermanos, su padre y su exesposo sufrieron «desaparición forzada».
Esto es «un patrón claro de desaparición forzada», dijo Juan González Taguaruco, uno de los abogados defensores de la activista detenida el 9 de febrero en el área de migración del aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas.
La fiscalía también solicitará privación preventiva de libertad para el militar retirado Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, expareja de San Miguel, por la «presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación».
Saab indicó que estaba en desarrollo una audiencia de presentación de seis «ciudadanos quienes luego de las investigaciones preliminares de rigor aparecen presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada Brazalete blanco».
El fiscal no precisó si entre las seis personas presentadas en tribunales están los familiares de San Miguel.
El gobierno describió a «Brazalete blanco» como un plan para atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para posteriormente asesinar al presidente venezolano Nicolás Maduro.
Saab dijo que además de la privativa de libertad contra San Miguel y su exesposo, el Ministerio Público solicitará «medidas cautelares» con presentaciones periódicas para otras cuatro personas.
Se trata de una «detención que se está extendiendo a su grupo familiar, a toda persona que se le vincule afectiva o familiarmente a Rocío San Miguel. Esto es terrible», dijo González Taguaruco sobre los arrestos de parientes de la activista con doble nacionalidad, venezolana y española.
El gobierno venezolano suele denunciar planes conspirativos contra Maduro. Solo en 2023 asevera que neutralizó cinco «conspiraciones», en las que involucra a militares, periodistas y activistas de derechos humanos.
Ya en 2014 San Miguel había sido señalada por el propio Maduro, que buscará en 2024 su tercera reelección, de estar involucrada en «un alzamiento militar».
«Esa impugnación nos parece absurda y sin fundamento», zanjó González Taguaruco.
– «Patrón sistemático» –
Oenegés y opositores cuestionan la detención. También reaccionó la embajada de Estados Unidos.
«El patrón sistemático de desaparición forzada temporal en Venezuela ha sido documentado por órganos de Naciones Unidas y denunciado ante el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias», señalaron 204 organizaciones en un comunicado conjunto divulgado este lunes.
La detención de San Miguel y sus familiares «sigue una tendencia preocupante» de detenciones arbitrarias, apuntó la embajada virtual de Estados Unidos en Venezuela, que funciona desde Bogotá.
En octubre pasado el gobierno y la oposición firmaron un acuerdo político en Barbados de cara a las presidenciales, tras el cual fueron excarcelados 10 estadounidenses y otros 24 venezolanos presos por motivos políticos.
A cambio, Estados Unidos liberó a Alex Saab, considerado testaferro de Maduro y quien estuvo detenido en ese país bajo acusaciones de lavado de dinero.
En Venezuela hay 261 «presos políticos», entre ellos 18 mujeres y 146 militares, según la ONG Foro Penal.
Para finales de enero sumaban 36 detenidos -12 por «Brazalete blanco»- además de 22 órdenes de captura.
San Miguel ganó un caso contra el Estado venezolano en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la violación de derechos políticos y de expresión, tras su despido de un ente público por apoyar en 2003 un referendo revocatorio del mandato del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).
