PODRÍAN ACARREAR CONSECUENCIAS IMPREDECIBLES EN LA ECONOMÍA

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Tal como habíamos indicado en nuestro escrito anterior,  en nuestro país se  promulgó una  reforma punitiva o ley de anti lavado de activos, puesta en manos, parte de su aplicación, en un ente recaudador, la DGII,  cuya puesta en práctica, dentro del  ordenamiento y “modus operandi” de los actores y entes productivos, en  las últimas décadas,  podrían acarrear consecuencias  impredecibles en la economía nacional, como también  en la paz de las economías familiares del país.

Resulta indiscutible que lo anterior requeriría de una legislación previa que permitiera a las personas que presentan el pago de sus impuestos, como aquellos otros omisos de dicho pago, el corregir su histórico comportamiento a través de una legislación de amnistía fiscal.

Claro está, tomando en consideración aquellas excepciones que deban ser pre-establecidas, entre otras, las  de origen de tráfico de drogas, del terrorismo,  del robo de bienes públicos y privados y de  la  corrupción y similares.

Hoy, los organismos recaudadores del Estado dominicano, han preparado un anteproyecto de “Ley  de Declaración Patrimonial y Revalorización”, como  una fórmula para lograr “crear mecanismos que faciliten la implementación de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo”.

Aunque dicho anteproyecto de ley, tiene visos de que se trata de una gracia fiscal,  la misma, de ninguna manera se trata de una amnistía fiscal, ya que una ley de amnistía significa “el olvido” o “el perdón”, para permitir el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellos que no la cumplieron en su momento, como también para procurar que afloren bienes ocultos generadores de riquezas imponibles.

No obstante, sea cual sea la forma adoptada, lo seguro que se desprende de este tipo de acción es que, una vez regularizada la situación fiscal del pasado,  entendemos,  se debe tratar de evitar en gran medida de que  el “delito fiscal”, configurado tanto en la Ley en contra del lavado de activos, como en nuestro Código Tributario,  no habrá de invocarse hacia el futuro, por lo cual ningún derecho o bienes del contribuyente  amnistiado o regularizado podrán  suponerse originados en  un  delito  y perseguirse punitivamente.

Amén de que,  también, se estarían adelantando acciones tendentes a coadyuvar a la discusión del mencionado pacto fiscal que se pretende sea discutido entre el estado dominicano y el sector privado.

En tales motivaciones hemos de manifestar que, el Anteproyecto de ley antes referido  convendría verse reforzado en función de las expectativas que hemos enunciado. Mediante el presente escrito nos permitimos valorizar algunos puntos que consideramos de utilidad, a los fines de estructurar una mayor cobertura que sirva de  coadyuvante  a los objetivos antes expuestos, a la vez de sintonizarla con el interés recaudatorio que, en estos casos, siempre moviliza a los actores tributarios del Estado.

Como avanzáramos antes, una amnistía fiscal como la pretendida,  y necesaria en nuestro caso, no debería  perseguir solamente un blanqueo o una recaudación  ya que, el ideal es que  la misma sea estructurada en la manera más amplia posible, para que su accionar abarque, por separado, cuatro grandes grupos de actores; a) Las Personas Morales (empresas y similares); b) Las Personas Físicas; c) Los Pequeños Contribuyentes; y  d) Los Contribuyentes Omisos.

De la misma manera, los objetivos perseguidos deberán estar centrados y perfectamente definidos y separados, según las principales actividades tributarias: a) En la corrección o actualización de los inventarios y bienes muebles y monetarios; b) En las correcciones patrimoniales inmobiliarias de las empresas y de personas físicas; c) En la actualización de la deuda tributaria; d) En las actualizaciones y correcciones a las declaraciones de impuestos; e) En las captaciones de nuevos contribuyentes.

En relación con los tópicos señalados precedentemente, resulta clara la necesidad de estructurar el más simple de los procedimientos posibles de tributación para, de una parte y con vocación de permanencia en el tiempo, estructurar un sistema dirigido a pequeños y medianos contribuyentes y de la otra, el establecer un procedimiento simplificado de cumplimiento voluntario, de aplicación transitoria, para aquellos contribuyentes de mayor capacidad contributiva.

En consecuencia,  nos permitimos a  continuación  describir nuestros apuntes, con la  esperanza  de  que los mismos, conjuntamente con otros que sean incorporados también,  habrán de contribuir a que la pretendida amnistía fiscal, que hoy se pretende instaurar, no recorra el mismo camino de las tres últimas amnistías promulgadas; cuyos resultados finales  se tradujeron, mayormente, en  blanqueos fiscales y aumentos de recaudaciones transitorias con un valor en conjunto a favor  del fisco dominicano por una suma  próxima a los  RD$10,900 millones.

Debemos hacer la observación  de que, los diferentes porcentajes que más adelante sugerimos sean aplicados a las correcciones de las declaraciones de impuestos presentadas, como así también a las demás medidas que recomendamos, guardan cierta  similitud, con los  establecidos en la normativa legal,  referente a las  tasas  efectivas de tributación, cuáles  utiliza la DGII a los fines de sus  procesos de Determinación de Oficios a los contribuyentes.

1.0 Régimen especial para los Contribuyentes  Personas Morales (Empresas y similares):

a)    Actualización de los valores de  inventarios y activos corrientes a los fines del Impuesto sobre la Renta; en el sentido de establecer un porcentaje de un 2%, aplicado sobre las diferencias de valor que fueron consignados entre la última declaración jurada de impuesto presentada y el valor que sea declarado como corrección. Habrá de  establecerse que dicha actualización, no será objeto de verificaciones fiscales posteriores

b) Reducciones del valor de los inventarios y activos corrientes; a los fines del ITBIS, estableciéndose para ello   una  tasa de un 8%, aplicada sobre  las reducciones de inventarios verificadas por las diferencias de los mismos entre la última declaración jurada del Impuesto sobre la Renta y lo declarado en la amnistía. Habrá de  establecerse que dicha reducción, no será objeto de verificaciones fiscales posteriores.

FUENTE: LISTIN DIARIO