EE.UU. imputa a cinco expolicías implicados en la muerte de joven afroamericano en Memphis
Un gran jurado federal decidió este martes imputar formalmente a cinco expolicías de la ciudad de Memphis por estar implicados en el fallecimiento del afroamericano Tyre Nichols, a quien propinaron una paliza mortal el pasado enero.
Los cinco exagentes (Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills Jr. y Justin Smith), afroamericanos como Nichols, se enfrentan a un total de cuatro cargos, incluido el de privación de derechos constitucionales, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.
La noche del pasado 7 de enero Nichols fue arrestado en Memphis tras una presunta infracción de tráfico. Tres días después murió en el hospital por las secuelas de la paliza de los policías.
Su caso salió a la luz por la existencia de varios vídeos, que se difundieron veinte días después, y que muestran cómo los agentes detuvieron al joven, lo sacaron del vehículo a la fuerza y le dieron una paliza, propinándole patadas en la cabeza, golpeándole con una porra e incluso usando una pistola paralizante de descargas eléctricas o táser.
A nivel federal, los expolicías enfrentan cuatro acusaciones, entre ellas la de haber privado intencionalmente a Nichols de sus derechos constitucionales.
Los acusados, ayudados e instigados unos por otros, violaron el derecho de Nichols a que no se ejerciera en su contra una fuerza irrazonable, después de que los policías le agredieran o no frenaran «la agresión ilegal».
Esto provocó a Nichols «lesiones corporales y la muerte», la misma consecuencia del segundo cargo, que alega que los cinco agentes, aunque sabían que Nichols tenía una necesidad médica grave (sufría la enfermedad de Crohn), «intencionalmente» la ignoraron y no brindaron atención médica ni informaron al personal médico de emergencia que lo atendió.
El tercer cargo alega que los cinco conspiraron para ocultar lo sucedido y proporcionaron información falsa, mientras que el cuarto cargo es por obstrucción, al omitir intencionalmente información y proporcionar datos falsos a los policías que redactaron un informe sobre el arresto.
Los dos primeros cargos conllevan una pena máxima de cadena perpetua y cada uno de los otros dos una condena máxima de 20 años de prisión.
«Los agentes que violan los derechos civiles de aquellos a quienes han jurado proteger socavan la seguridad pública, que depende de la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley», apuntó en el comunicado el fiscal general, Merrick Garland.
Los cinco, agregó, «deshonran a sus compañeros que hacen su trabajo con integridad todos los días» y por tanto «el Departamento de Justicia seguirá responsabilizando a los agentes que traicionen su juramento».
Tras la publicación del vídeo, del arresto que generó numerosas protestas sociales, los cinco policías fueron expulsados del cuerpo y sometidos a un proceso penal en el condado de Shelby (Tennessee) por asesinato en segundo grado, agresión agravada, dos cargos de secuestro agravado, dos cargos de mala conducta oficial y opresión oficial.
El pasado julio se conoció que la Fiscalía estadounidense abrió una investigación sobre la ciudad de Memphis y su Policía por violación de derechos civiles, centrada en averiguar si hay una discriminación sistemática por parte de los agentes hacia la población afroamericana.
Su apertura tuvo lugar tras haber recibido información sobre uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes, uso de la fuerza de forma punitiva ante comportamientos que los policías consideran insolentes o sobre paradas discriminatorias a ciudadanos afroamericanos por infracciones menores.
El Departamento de Justicia explicó hoy que los cargos anunciados «son independientes» de la mencionada investigación y que son penales, mientras que la investigación sobre la ciudad «es una investigación civil que se llevará a cabo por separado».
Tras la muerte de Nichols, la Policía de Memphis anunció reformas. En concreto, decidió desmantelar de manera permanente la unidad «Escorpión», a la que pertenecían los agentes, y que fue creada en 2021 con el objetivo de reducir la violencia en los barrios de la ciudad más afectados por la misma.