El caso de arresto de concejal hispana en Texas llega al Supremo de EE.UU.
El Supremo de EE.UU. escuchó este miércoles el caso de Sylvia González, la primera concejal latina de Castle Hills (Texas), acusada de robar un documento gubernamental, un cargo que ella atribuye a represalias políticas.
Aunque los cargos fueron desechados, la exconcejal inició una demanda civil federal contra tres funcionarios de Castle Hills, alegando que había sido arrestada por sus críticas al administrador municipal.
En 2019 González, quien tenía 72 años, fue elegida como la primera mujer hispana en el Concejo tras una campaña no partidista en la que fue una crítica prominente del gobierno municipal y prometió ocuparse de asuntos como el deterioro de las calles.{
En la primera reunión del Concejo, González fue arrestada bajo el cargo de robar un documento del gobierno en circunstancias que ella describe como un desorden de papeles. Las autoridades municipales dicen que la supuesta sustracción procuraba ocultar algo inapropiado.
Durante la audiencia de hoy los jueces escucharon argumentos que presentan al Supremo interrogantes más amplios que la disputa municipal: si los ciudadanos pueden demandar a funcionarios gubernamentales con cargos de represalia bajo la Primera Enmienda de la Constitución.
Esto debido a que estas querellas están prohibidas por la doctrina de «inmunidad calificada» que protege a esos funcionarios de algunas demandas.
Según los abogados de González, en los diez años previos al caso, nadie había sido arrestado y acusado de hacer algo similar a lo que el alcalde y sus aliados alegan contra la latina.
No obstante, los funcionarios obtuvieron una orden de arresto y González, quien no tiene antecedentes criminales, fue a dar a la cárcel donde tuvo que usar una vestimenta naranja de preso, permanecer esposada y sentada en un frío recinto.
Un tribunal federal dictaminó que el caso no podía proceder y los abogados de González que recurrieron al Supremo compararon el arresto con los de críticos de los gobiernos en Rusia, Irán y China.
Por su parte los abogados de las partes acusadas alegan que demandas como la de González causarían un caos en la labor policial.
«Sin importar cuán clara sea la causa probable para el arresto de una persona», indicaron los abogados defensores, «cualquiera podría cuestionar cualquier arresto que no conduzca al enjuiciamiento alegando que el arresto estuvo motivado por las opiniones políticas, religiosas o sociales del demandante«.
