Fallo confirma “fortaleza de investigación” en Operación Calamar, dice Ministerio Público
La procuradora adjunta y directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, consideró que, con su decisión de imponer coerción a todos los imputados y declarar la complejidad del caso Calamar, la jueza Kenya Romero “corrobora la seriedad y la contundencia de la investigación” que hizo ese órgano.
Dijo también que la magistrada rechazó todos los incidentes de nulidades, de exclusión y de no valoración de los testigos que habían planteado las defensas de los encartados.
Reynoso afirmó, además, que la jueza de la Oficina de Atención Permanente rechazó acoger la solicitud de dictar prisión en algunos casos de los imputados, los que no identificó, “argumentando” que tenían problemas de salud y que sus defensas pudieron demostrarlo.
“Ha variado (la jueza) algunos de los pedimentos que ha solicitado el Ministerio Público argumentando en algunos casos que hay situaciones de salud, de expedientes médicos que presentaron algunos de los imputados a los que se les varió el pedimento de la prisión preventiva que había hecho el Ministerio Público”, sostuvo la procuradora adjunta.
De seis imputados que el Ministerio Público les solicitó prisión preventiva, Romero solo envió a la cárcel a los exministros de Hacienda y Administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente. Al excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, y a otros 15 se les impuso garantía económica y presentación periódica.
Al excontralor general Daniel Omar Caamaño y al empresario Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, la jueza les dispuso, al primero, impedimento de salida y fianza de tres millones de pesos, mientras que para el segundo dictó presentación periódica y la prohibición de viajar fuera del país sin autorización judicial.
“Pensamos que la decisión del tribunal, evidentemente, corrobora lo que ha dicho el Ministerio Público de la seriedad y de la contundencia de la investigación, prácticamente todas las barras tenían de a tres abogados y fue imposible obtener ni una sola ganancia ni de un solo incidente en virtud de la gran cantidad de pruebas y la consistencia de la investigación”, reaccionó la procuradora adjunta.
Advirtió que todo el que haya comprometido su responsabilidad en el caso de corrupción, que supera los 19,000 millones, tendrá que responder ante la justicia, incluido el diputado Sergio “Gory” Moya, a quien implicados señalan también como parte del supuesto entramado.
“Todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal será perseguido por el Ministerio Público, de acuerdo al Estado de derecho”, aseguró Reynoso tras su salida del tribunal.
