Frustración en Haití, a dos años del asesinato del presidente Moïse
La «insostenible» situación ha tenido una consecuencia que el Consejo de Seguridad conoció el jueves: los haitianos están empezando a tomarse la justicia por su mano y a volverse contra las bandas, con más de 250 pandilleros muertos en los últimos dos meses. «La aparición de grupos autoproclamados de vigilancia parapolicial está añadiendo un nuevo nivel de complejidad.
Desde abril, la BINUH (Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití) ha contabilizado al menos 264 presuntos miembros de bandas asesinados por grupos autoproclamados de vigilancia parapolicial», declaró al Consejo de Seguridad María Isabel Salvador, representante de la ONU en el país afectado por la crisis.
Desde octubre, Puerto Príncipe pide a la comunidad internacional 1,000 hombres y un centenar de vehículos blindados, pero ésta hace oídos sordos, afirma nuestra corresponsal en Nueva York, Carrie Nooten.
Ningún país se atreve a arriesgarse a empantanarse en Haití. Sin embargo, la ONU sabe que la crisis no podrá resolverse hasta que se estabilice la seguridad del país, y espera evitar que el ajuste de cuentas degenere en guerra civil.
«Una fuerza de seguridad robusta»
«Repito: no pedimos una misión militar o política de las Naciones Unidas, pedimos una fuerza de seguridad robusta desplegada por los Estados miembros para trabajar codo con codo con la policía nacional haitiana para derrotar y desmantelar las bandas y restablecer la seguridad en todo el país», machacó Antonio Guterres.
Unas horas más tarde, Antony Blinken dijo a los países caribeños de la Caricom, y al primer ministro haitiano Ariel Henry, que Washington estaba «activamente comprometido» con la creación de una fuerza policial internacional. Quizá la señal pública largamente esperada.
7 de julio de 2021: Asesinato del presidente Jovenel Moïse
Hace exactamente dos años, un comando de una veintena de hombres irrumpía en la casa del presidente haitiano Jovenel Moïse, matándolo a tiros e hiriendo a su esposa. Dos años después, el país, privado de presidente, se ha sumido en una espiral de violencia de la que le cuesta salir. Y el crimen sigue impune en Haití.
Era la una de la madrugada del miércoles 7 de julio de 2021 cuando un comando entró sin resistencia en su habitación y lo asesinó. La mayoría de los hombres eran colombianos, y se estableció que habían urdido su complot desde Florida, en Estados Unidos.
Alrededor de una docena de ellos están detenidos allí a la espera de juicio. Uno de ellos, Rodolphe Jaar, fue condenado el pasado mes de junio a cadena perpetua por haber facilitado la logística del asesinato.
Pero en Haití, la investigación de este complejo caso con ramificaciones transnacionales está estancada. Los obstáculos políticos, la falta de recursos y de conocimientos técnicos han hecho que se hayan nombrado no menos de cinco jueces de instrucción sucesivos, sin que la investigación haya llegado a buen puerto.
Esto deja sin respuesta preguntas esenciales, en particular sobre los motivos y las responsabilidades locales del asesinato de Jovenel Moïse. Lo inquietante es que, la noche de su muerte, ningún miembro de su equipo de seguridad acudió en su ayuda.
Desde entonces, existe un vacío institucional en Haití, sin presidente y con un gobierno cuya legitimidad se cuestiona. Esto ha dejado el campo libre a la impunidad y a las bandas que ahora controlan la mayor parte del país.
