«2023 no es 2019», dijo Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia que presentó los argumentos en el caso.

La regla en cuestión complica enormemente que los migrantes que se presenten directamente en la frontera sur de Estados Unidos obtengan asilo a menos que usen una app del gobierno para sacar una cita o que ya hayan intentado pedir protección en un país por el que pasaron en su camino hacia Estados Unidos.

Los críticos aseguran que es prácticamente un refrito de las medidas de Trump, una cuestión que le dio a la audiencia por internet del miércoles una sensación de deja vu. El juez federal con sede en San Francisco que decidirá el caso, Jon S. Tigar, falló en contra de los dos intentos del gobierno de Trump de limitar el asilo.

El gobierno de Biden implementó su nueva norma el 11 de mayo al expirar el llamado Título 42, una restricción asociada al COVID-19 que había limitado las solicitudes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos.

La audiencia en la demanda contra la nueva medida se produce en momentos en que los republicanos en el Congreso atacan al gobierno por lo que consideran falta de control en los 3,220 kilómetros (2,000 millas) de frontera con México.

El gobierno afirma que su regla alienta a los migrantes a utilizar vías legales hacia Estados Unidos y evita un caos en la frontera. Pero los grupos por los derechos de los inmigrantes que interpusieron la demanda para eliminar la medida aseguran que es ilegal y pone en peligro a los migrantes.

Desde el principio de la audiencia del miércoles, Tigar señaló que tendría más preguntas para el gobierno que los grupos que intentan ponerle fin a la regla de asilo. También hizo referencia a sus fallos en los intentos de Trump para limitar el asilo.

«Leí en alguna parte que 2023 sería un muy buen año para las secuelas», le dijo Tigar a Reuveni mientras el abogado se alistaba a comenzar con sus argumentos.

Reuveni argumentó que la regla de Biden es distinta a los intentos de Trump de limitar el asilo, y destacó que se otorgan excepciones en el 9% de los casos.

«Esta no es una excepción inútil», aseguró.

Katrina Eiland, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), la cual representa a las organizaciones por los derechos de los inmigrantes que impugnaron la medida, argumentó el miércoles que la norma viola la ley migratoria que les permite a las personas solicitar asilo donde quiera que lleguen en la frontera.

«Miles de personas con casos válidos han recibido órdenes de expulsión, y en muchos casos fueron enviadas a enfrentar una posible persecución. Esta regla tiene consecuencias», puntualizó Eiland.

Tigar fue designado al cargo por el presidente Barack Obama. Trump lo calificó como un «juez Obama» después de que Tigar rechazó una medida que les prohibía a las personas pedir asilo salvo en un punto de entrada oficial. La declaración de Trump obligó al presidente de la Suprema Corte federal, John Roberts, a intervenir para defender la imparcialidad de los jueces.

Tigar también falló en contra de los intentos del gobierno de Trump para limitar el asilo a las personas que no solicitaron protección en un país por el que viajaron antes de llegar a Estados Unidos. Dicha medida habría sido aplicada a los menores que viajan sin compañía de un adulto, a diferencia de la regla de Biden.

La Corte Suprema permitió a fin de cuentas que esa norma de Trump entrara en vigor. Pero la que prohibía a las personas solicitar asilo excepto en un punto de entrada fronterizo oficial quedó atrapada en litigios y nunca entró en vigor.

Las organizaciones de derechos de los inmigrantes alegan que el sistema obliga a los migrantes a pedir protección en países que no tienen un sistema de asilo tan robusto ni protecciones a los derechos humanos como las de Estados Unidos, y los deja en un peligroso limbo. También aseguran que la app CBP One que el gobierno quiere que los migrantes usen no ofrece citas suficientes y no está disponible en suficientes idiomas.

Pero Reuveni argumentó que ha habido progreso real en otros países como México, Belice y Costa Rica para que los migrantes puedan solicitar asilo en dichas naciones.

También rechazó las críticas a la app y a los otros métodos a los que el gobierno ha recurrido para brindar vías legales a los migrantes que llegan al país. Hace poco el gobierno aumentó las citas diarias en la app a 1,450, lo que representan más de 500,000 personas al año.

Reuveni destacó que el programa que el gobierno lanzó en enero otorga permisos humanitarios de entrada a hasta 360.000 personas al año procedentes de cuatro países. Los estados con tendencia republicana han presentado su propia demanda a dicho programa.

Todas estas medidas, señaló Reuveni, significan que «es realmente injusto insinuar que no hay forma de poner el pie en la puerta».

Reuveni destacó que los encuentros en la frontera con México han caído significativamente desde la desaparición del Título 42 y la entrada en vigor de esta regla y de otras medidas. Enfatizó que si bien la norma no es el único motivo por el que cayó la cifra, el gobierno considera que ha sido un «sólido factor».

Sin importar cuál sea la decisión de Tigar, el veredicto sin duda alguna será apelado.

En un momento de la audiencia, Reuveni le dijo al juez que el gobierno presentaba sus argumentos «asumiendo que fallará en nuestra contra».

El gobierno federal no tendrá que esperar mucho para averiguarlo.

Tigar calculó que le tomaría una semana o menos emitir su fallo. Señaló que en caso de que su veredicto sea en contra del gobierno, respetará la solicitud del gobierno de que dicha determinación no entre en vigor durante 14 días para dar tiempo a la apelación.