JCE rechaza propaganda en área militar; dice se mantendrá vigilante
La Junta Central Electoral (JCE) rechazó el hecho de que la propaganda política haya llegado a las instalaciones militares de la República Dominicana.
Mediante un comunicado de prensa, el órgano electoral recalcó que de conformidad a lo establecido por el artículo 252 numeral 3 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas son “apartidistas”; además de lo dispuesto en el artículo 167 de la ley 20-23 sobre Régimen Electoral.
“En atención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, a todo miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral”, reza el texto legislativo.
La JCE precisó que por esas disposiciones legales las Fuerzas Armadas “están sujetas al orden constitucional y legal vigente” y que por esa razón debe de mantenerse al margen de toda actividad política.
“Se exhorta a las más altas dirigencias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a no propiciar ni permitir injerencias de tipo político en los cuarteles y demás instalaciones militares; asimismo, exhortamos a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas, evitar que actos como este se produzcan y, de igual forma, hace un llamado a los funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y a las autoridades de elección popular, a los fines de que se abstengan de utilizar los actos públicos permitidos que realizan las instituciones a las que pertenecen y los recursos y bienes del Estado para beneficiar o generar ventajas de candidaturas”, indica el documento enviado a los medios de comunicación.
Se recuerda que el Ejército de la República Dominicana dispuso la sustitución de dos comandantes asignados a la Tercera Brigada y 13 Batallón en la provincia Azua, luego de divulgarse un audiovisual que mostraba la salida de vehículos con mensaje proselitistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de campamentos militares.
A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO INTEGRO DIFUNDIDO POR LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL:
La Junta Central Electoral, en su rol de máxima autoridad en materia de administración y organización de los procesos electorales en la República Dominicana, tiene a bien manifestar su más profundo y contundente rechazo al acto acontecido en fecha 14 de enero de 2024, en las instalaciones que alojan la sede del Décimo Tercer Batallón de Infantería del Ejército Nacional, en Azua, en el cual fue captado en fotografías y reseñado por medios de comunicación, el ingreso de vehículos, conteniendo propaganda política.
En ese sentido, este órgano electoral tiene a bien establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 252 numeral 3 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas son apartidistas. Asimismo, la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece en su artículo 167, lo siguiente: “Prohibición a militares y funcionarios electorales. En atención a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, a todo miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los funcionarios y empleados de los organismos electorales les está prohibido difundir propaganda electoral o llevar a cabo otras actividades propias de la campaña electoral”.
La Junta Central Electoral tiene a bien precisar que, las Fuerzas Armadas están sujetas al orden constitucional y legal vigente y, por consiguiente, las mismas deben cumplir su rol y permanecer al margen de toda actividad política; en ese sentido, se exhorta a las más altas dirigencias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a no propiciar ni permitir injerencias de tipo político en los cuarteles y demás instalaciones militares; asimismo, exhortamos a las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas, evitar que actos como este se produzcan y, de igual forma, hace un llamado a los funcionarios/as designados por el Poder Ejecutivo y a las autoridades de elección popular, a los fines de que se abstengan de utilizar los actos públicos permitidos que realizan las instituciones a las que pertenecen y los recursos y bienes del Estado para beneficiar o generar ventajas de candidaturas; por lo que éste órgano electoral se mantendrá vigilante en procura de preservar la integridad electoral y el respeto a las reglas que rigen la campaña electoral.
