La resolución sobre el trabajo doméstico viola el ordenamiento jurídico, dicta el TC

Esto porque «únicamente se limita a establecer sugerencias, que debe tomar cada país, relativas al trabajo doméstico, pero dejan a mano de cada país miembro el adoptar medidas que sirvan para ajustar estos puntos a sus normativas nacionales».

«»Nuestra intención es que se haga justicia con todas las empleadas domésticas del país. Nosotros pensamos que debe hacerse» «
Luis Abinader
Presidente

«Si bien la norma del convenio internacional ha sido ratificada por nuestro país en el ámbito interno, el mismo no ha cumplido con lo dispuesto por el mismo convenio 189 de la OIT: la aplicación de las consideraciones contenidas a través de su adecuación a la legislación nacional», se argumenta y reitera que esto «solo se puede hacer a través de una ley, función que corresponde al Poder Legislativo».

Las violaciones

Al detallar las violaciones legales, la acción directa de inconstitucionalidad apunta que la resolución modifica el Código de Trabajo de manera ilegal en su artículo 260, donde se establece que los alimentos y habitación que se le da a los empleados domésticos corresponde o equivale al 50% de su salario, así como la jornada de trabajo establecida en su artículo 261.

También en sus artículos 263 sobre las vacaciones, «estableciendo condiciones que se encuentran reservadas a otros contratos de trabajo de naturaleza distinta a la actividad doméstica»; y el 259 «al modificar condiciones de los contratos de trabajos domésticos».

Modificación ilegal

Otro de los puntos argumentados para sustentar la petición de inconstitucionalidad es el de la reducción ilegal de la jornada laboral, considerando que la resolución 14-2022 dispone la tipificación de «peligroso o insalubre» al trabajo doméstico en su artículo doce.

Este artículo de la resolución indica que «se prohíbe el trabajo doméstico de personas menores de dieciocho años, por ser considerada esa actividad como peligrosa e insalubre de conformidad con los convenios 138 y 182 de la OIT, el Código de Trabajo y otras normas complementarias dictadas en el país a tales fines».

El recurso alega ante esta estipulación que «el artículo 148 del Código de Trabajo establece que la jornada de trabajo en tareas o condiciones declaradas peligrosas o insalubres no podrá exceder de seis horas diarias ni de 36 horas semanales».

La resolución declarada inconstitucional establece una jornada laboral para trabajadores domésticos no mayor de 8 horas ni de 44 horas semanales.

«El Código de Trabajo, en el segundo párrafo del artículo 148 solo le confiere al Ministro de Trabajo facultad para declarar una actividad laboral como peligrosa o insalubre; pero como puede observarse, no lo faculta para modificar el máximo de horas que puede trabajar una persona en un trabajo que haya sido catalogado por el ministro como peligroso o insalubre», indican los accionantes.

Sobre el particular también plantean que los convenios señalados por la resolución del Ministerio de Trabajo, el 138 y el 182, establecen (al igual que el 189) que no pueden afectar o modificar «aquellas disposiciones que sean más favorables para los trabajadores domésticos», por lo que «se sobreentiende que lo mismo aplica cuando la legislación nacional es más favorable».

Incongruncias

«¿Qué norma resulta más beneficiosa para un trabajador doméstico? ¿Un trabajo considerado como peligroso o insalubre con jornada de 8 horas diarias y 44 semanales o un trabajo considerado peligroso o insalubre con jornada de 6 horas diarias y 36 semanales sin que la jornada más corta afecte tu salario? Lo cual hace de esta resolución incongruente con sus supuestos motivos o razones de ser, lo que justifica la declaración de inconstitucionalidad de la misma», estiman los abogados Luis Vilchez Bournigal, Jorge Vilchez Bournigal y Laura Serrata.

El fallo que acogió estos argumentos y declaró inconstitucional la resolución 14-2022 fue dado a conocer el pasado martes, 6 de junio de 2023.

Se mantiene estado de exclusión

La decisión fue calificada de «golpe fuerte» por la secretaria de la Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH), Elena Pérez, quien al igual que el Gobierno espera la emisión de la sentencia para conocer los argumentos que sustentaron la declaración de inconstitucionalidad. «Es mantener en estado de exclusión a más de 260 mil trabajadoras del hogar o trabajadores domésticos, y esta acción para nosotros es preocupante porque vuelve a poner en riesgo la aplicación del Convenio 189 de la OIT que habla sobre el trabajo decente para los y las trabajadoras domesticas», apuntó.Al juzgar la resolución anulada, así como la 11-2022, que dispone el salario mínimo de RD$10,000; y la 551-28 que establece el esquema de aportación de fondos para la Seguridad Social (que también se enfrenta a una acción directa de inconstitucionalidad), dijo que constituyeron un paso de avance, en especial luego que perimió en el Congreso una proyecto de ley que presentaron para iguales fines. «Continuaremos luchando por conseguir nuestras reivindicaciones y se cumpla la ratificación del convenio 189 y que se aplique en el país y que se dé un piso minino de protección a nuestro sector».

El Gobierno evaluará

El miércoles, un día después de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, el Gobierno reaccionó e indicó que primero evaluará la sentencia para luego tomar una posición.