Los republicanos investigan a la fiscal Fani Willis por su imputación a Trump en Georgia
El Comité Judicial de la Cámara de Representantes estadounidense, controlado por los republicanos, anunció este jueves que ha lanzado una investigación sobre la fiscal Fani Willis por su imputación contra el expresidente conservador Donald Trump (2017-2021).
«Las circunstancias que rodean tus acciones despiertan serias preocupaciones sobre si están políticamente motivadas«, le dicen en una carta en la que le piden explicaciones.
Willis, demócrata, está detrás de la imputación a Trump y a otras 18 personas por intentar falsear los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia, donde el entonces presidente saliente perdió contra Joe Biden por apenas dos décimas, la diferencia más ajustada en todo el país.
«Dados los importantes intereses federales en juego, el comité está supervisando este asunto para determinar si alguna reforma legislativa es apropiada o necesaria», le dice a Willis en la misiva el presidente del comité, Jim Jordan.
Entre las reformas sugeridas están posibles cambios en el estatuto de destitución de funcionarios federales, en la inmunidad para esos trabajadores o en el uso autorizado de fondos federales.
Los republicanos consideran que la imputación lanzada puede tener consecuencias futuras en la actuación de otros mandatarios si creen que pueden ser sometidos a «persecuciones políticamente motivadas» al abandonar el poder.
«Teniendo en cuenta que este expresidente es candidato al cargo, la imputación afecta a otro interés federal central, una elección presidencial«, recalca sobre los comicios de 2024, en los que Trump aspira de nuevo a la Casa Blanca.
También toda la documentación sobre la investigación contra Trump y las otras 18 personas, entre las cuales está el exabogado del exmandatario y exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, o el último jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca Mark Meadows.
Willis propuso este jueves a la corte que el juicio comience el próximo 23 de octubre. Trump tiene otros tres procesos penales pendientes y, de aprobarse la solicitud, el de Georgia sería el primero en comenzar.
