Ministerio de Relaciones Exteriores todavía estudia proyecto de ley de Trata de Personas
El Ministerio de Relaciones Exteriores todavía estudia el proyecto de ley sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes que retiró el 12 de febrero con la promesa de reintroducirlo en un plazo máximo de 45 días.
El titular de esa institución, Roberto Álvarez, dijo a Diario Libre que la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Citim) todavía estudia el texto y no tiene fecha definida para terminar. «Me informan que aún están resolviéndose aspectos técnicos en la Citim. No se cuánto tiempo tomará resolver», agregó.
El Gobierno devolvió a su cancha la pieza para reformularla a raíz de las polémicas que generó su contenido respecto a la protección de personas víctimas de trata. Han pasado más de dos meses desde entonces.
Su estudio quedó en manos de la Citim, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Citim es el órgano creado para atender el fenómeno de la trata y el tráfico de seres humanos mediante la ejecución de un Plan Nacional de Acción para el control de esos males.
Es un mecanismo de coordinación nacional presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores e integrado por 14 instituciones del Estado.
Controversia
El Poder Ejecutivo decidió revisar el proyecto de ley que redactó debido a la oposición que creó en sectores que interpretaban en él, la protección y retención de inmigrantes ilegales, sobre todo haitianos.
Sus articulados establecían que las víctimas de trata de personas podían optar por la permanencia en la República Dominicana, y el Estado debería permitirle gozar de los bienes de ayudas y asistencias sociales que provee.
El Gobierno aclaró a la opinión pública que los beneficios no correspondían a los inmigrantes ilegales, sino a las víctimas de trata de personas, que son aquellas que han sido sometidas a captación y retención mediante el uso de violencia, por un individuo o grupo delictivo con fines de explotación o esclavitud.
El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, afirmó que el gobierno de Luis Abinader no aceptaría ningún acuerdo o norma que convierta al país en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en su país.
«Pero como sociedad democrática que somos, conviene que el sometimiento de cualquier proyecto de ley sea corregido por el debate civilizado y la crítica constructiva. Recuerden que somos un gobierno que escucha. Nunca hemos dudado, cada vez que las circunstancias lo han exigido, en tomar la decisión más conveniente al interés nacional», sentenció.
