El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados que busca modificar y gestionar los contratos de concesión suscritos antes de 2006 fue criticado este jueves por los legisladores de la oposición, quienes entienden que la iniciativa busca pagar favores a empresarios ligados al actual gobierno.
Cuando se conoció el proyecto, todos los diputados de la oposición se abstuvieron de votar para evitar que la pieza avanzara, pero la mayoría perremeísta presente en la sesión logró, con 98 votos a favor, que fuera probada en primera lectura.
El vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara de Diputados, Luis Henríquez, dijo que la propuesta es poco transparente, excluyente, anticompetitiva y violatoria a principios básicos de la administración pública y agregó que permitiría «prácticas corruptas».
«Es un proyecto excluyente y lesivo, que daría la facultad a los funcionarios de entidades concedentes, para hacer nuevos contratos grado a grado sin la debida transparencia, publicidad y sin la participación de otros concesionarios», especificó el diputado.
Henríquez se quejó de que el proyecto se aprobó sin atender una solicitud de la oposición para que se realicen vistas públicas y sea escuchada la posición de los diversos sectores con incidencia en las actividades ligadas a las entidades que tienen concesiones y que resultarán impactadas por la pretendida ley.
Mientras que los diputados Félix Castillo y Plutarco Pérez, ambos del PLD, manifestaron que el verdadero objetivo de la pieza es favorecer a empresarios ligados al actual Gobierno.
TC la «destruirá»
Castillo y Pérez vaticinaron que el Tribunal Constitucional «destruirá la ley» ya que la Carta Magna establece que ninguna normativa debe aplicarse para un tiempo anterior al que fue promulgada.
Lo explicaron así porque el proyecto que se conoció busca modificar contratos firmados antes de 2006, por lo que la nueva ley se aplicaría a convenios de hasta tres décadas atrás.
Quitar funciones al Congreso
De su lado, el diputado Radhamés Camacho, también peledeísta, dijo que la posibilidad de modificar contratos mediante una ley general, conllevaría a que la facultad del Congreso Nacional quede limitada, ya que la Constitución ordena al Poder Ejecutivo enviar al Poder Legislativo todos los contratos y sus respectivas modificaciones para su revisión.
«Definitivamente el debate de este proyecto no se ha hecho bien y me parece que hay algo detrás», concluyó el diputado opositor.
Ley inconstitucional
Al debate también se unió el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Tobías Crespo, quien responsabilizó al Gobierno de violar la Constitución al someter un proyecto como el que se aprobó ya que, según explicó, la propuesta legislativa viola el principio de irretroactividad que ordena la Carta Magna.
El artículo 110 de la Constitución dispone que la ley sólo se rige y se aplica para el porvenir, por lo que nunca tendrá efecto retroactivo a menos que sea favorable para quien esté cumpliendo condena.
También, el vocero se quejó de que el Congreso Nacional no cuenta con un listado de los contratos de concesión que serían modificados con la ley a pesar de que se pidió al director de Alianzas Público-Privados, Sigmund Freund.
Perremeístas defienden proyecto
Ante las críticas, el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julito Fulcar, y su compañero de partido, Elías Báez, pidieron a sus colegas que alejen «la politiquería» del proyecto ya que, como argumentaron, la iniciativa busca revisar los contratos para generar más ganancias a favor del Estado.
Los oficialistas manifestaron que la oposición rechaza el proyecto porque «tiene temor» de que los contratos de sus gobiernos sean revisados por la actual administración gubernamental.
¿Qué dice el proyecto?
El referido proyecto de ley busca modificar, renovar y regular varios contratos concesionarios entre el Estado y el sector privado que se firmaron antes de 2006, cuando se promulgó la Ley de Compras y Contrataciones.
Según explicó el presidente de la República, Luis Abinader, en una carta enviada al Senado, la ley de Alianzas Público-Privadas, promulgada en el 2020, derogó todos los artículos de la Ley de Contrataciones que estaban relacionados con los contratos de concesión y destaca que aún en la actualidad existen contratos que están vigentes desde antes de 2006, cuando no existía un marco normativo que regulara la gestión y modificación de los convenios.
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