P. RICO: Abuso contra dominicano provoca reforma federal de la Policía

SAN JUAN.- El 18 de agosto de 2006, el ciudadano dominicano Ignacio Santos Rosario entró al bar Los Cristales, en Río Piedras, a eso de las 11:00 p.m. y allí encontró a un oficial de la Policía de Puerto Rico que, estando fuera de servicio, vociferaba comentarios racistas y xenófobos contra la comunidad dominicana.

Santos Rosario le pidió al individuo que mostrara más respeto por los dominicanos y dejara de hacer esos comentarios, con lo que provocó que el oficial se volviera aún más agitado y belicoso, que llamara para pedir la presencia de una patrulla y que desenfundara su arma de reglamento.

Para evitar un incidente, Santos Rosario decidió retirarse del lugar. Mientras se alejaba, el oficial de la Policía comenzó a perseguirlo y le disparó alcanzándolo dos veces en la pierna derecha. El ciudadano cayó al suelo y, en ese momento, llegaron los demás oficiales que el policía había llamado y lo apalearon.

Santos Rosario sobrevivió el ataque injustificado, racista y xenófobo al que lo sometió un grupo de oficiales de la Policía de Puerto Rico. El oficial que lo desató todo con sus comentarios hizo algo más que sobrevivir el episodio.

De hecho, el oficial Gregorio Matías Rosario se convirtió en el nuevo senador por acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y es candidato a la reelección por ese partido cuyo liderato, hasta el día de hoy, no ha hecho ninguna declaración que atienda estos hechos en el expediente de Matías Rosario. Un expediente que incluye múltiples querellas administrativas y suspensiones, por causas que abarcan también la violencia doméstica.

El ataque a tiros, puños y patadas al que Matías Rosario sometió a un ciudadano dominicano no quedó ahí. Santos Rosario demandó al oficial y al Gobierno de Puerto Rico en el Tribunal Federal por $3.5 millones. El caso terminó justo cuando estaba a punto de iniciar el juicio en 2009 mediante una transacción que se presentó ante el juez federal Gustavo A. Gelpí.

La transacción se mantiene confidencial por lo que no se sabe cuánto le costó al gobierno ese arranque de Matías Rosario en Los Cristales. Esto, a pesar de que se trata de una demanda contra el Estado por actuaciones de uno de sus oficiales y que se resolvió pagando dinero de los contribuyentes de Puerto Rico. Para que Santos Rosario consiguiera la compensación por los daños sufridos, sus abogados tuvieron que amenazar al gobierno con una orden de desacato.

Pero los costos para el pueblo de Puerto Rico de los incidentes de la noche del 18 de agosto de 2006 no se detuvieron con esa transacción confidencial.

El 5 de septiembre de 2011, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló su muy anticipada decisión de someter a la Policía de Puerto Rico a un proceso de reforma debido a su patrón y prácticas de abuso y de violaciones de derechos civiles.

El proceso de reforma supone una asignación de unos $20 millones anuales en fondos de los contribuyentes puertorriqueños (según un estimado, todo el proceso tomaría 10 años y $200 millones).

Para probar su conclusión sobre el patrón de abusos, uno de los casos que usó fue la paliza de Santos Rosario a manos de Matías Rosario. “No había razón legítima para que el Agente Matías (Rosario) usara fuerza letal contra (Santos) Rosario, ni tampoco había razón legítima para los golpes que siguieron”, dijo Justicia federal en su informe.

A pesar de que este historial ha estado en el registro público hace casi 14 años, Matías Rosario ha encontrado apoyo reiterado de la institucionalidad del PNP.

A principios de este cuatrienio, fue parte del equipo de transición en la Policía del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares. En diciembre de 2019, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz lo incluyó en su equipo cuando presentó la plancha de candidaturas del Senado penepé para el 2020.

Matías Rosario fue candidato primarista en la elección para llenar vacantes del Senado el 10 de noviembre de 2019. En esa primera prueba con el electorado novoprogresista, el apoyo de la institucionalidad se hizo sal y agua, llegando cuarto en una carrera en la que solo los primeros dos ganaban.

Pero entonces el 26 de mayo pasado, el PNP lo certificó como “candidato único” para una de las dos posiciones que todavía estaban vacantes por las renuncias de Larry Seilhamer y Abel Nazario.

Su presencia en el Senado contará para aproximadamente un mes de sesión ordinaria y cualquier sesión extraordinaria que surja antes de que termine este cuatrienio en diciembre. El resto del tiempo, disfruta de los derechos, privilegios y salario de senador mientras lleva a cabo campaña para la candidatura que debe defender en las elecciones generales de noviembre.

El 6 de junio, con Matías Rosario ya siendo miembro de su delegación senatorial, Rivera Schatz tomó un turno para criticar a los “hipócritas” que fomentan “el odio contra el americano” a la vez que critican el racismo. Dijo que las acusaciones contra los oficiales que mataron a George Floyd eran “insuficientes” y que si se odia a una persona porque es “dominicano” se es tan racista como el que odia a los negros. “[E]l racismo es malo venga de donde venga, el discrimen es malo venga de donde venga”, añadió a la vez que aseguró repudiar a los oficiales que asesinaron a Floyd.

Desde su juramentación el 28 de mayo, el senador Matías Rosario ha sometido cinco proyectos, tres relacionados con la seguridad, uno con la educación y uno que va a la recién creada reforma de compras en el Gobierno de Puerto Rico.

Se trata de la Ley 73 que firmó el exgobernador Rosselló Nevares días antes de renunciar al cargo el verano pasado, que concentró casi todas las compras del gobierno, cientos de millones de dólares, en la Administración de Servicios Generales (ASG) y específicamente en la nueva figura del Principal Oficial de Compras (POC).

El Senado y la Cámara de Representantes confirmaron en esa posición a la abogada recién juramentada Karla Gabriela Mercado Rivera, quien tiene menos de dos años de experiencia en compras en el sector público.

La Ley 73 dejaba fuera del ámbito de control de la POC todo lo relacionado a la contratación de servicios profesionales, por lo que cada agencia seguiría manejando esas contrataciones sin pasar por la ASG.

La enmienda de Matías Rosario, sin embargo, tiene el efecto de que esas contrataciones de servicios profesionales se tendrían que hacer siguiendo los procesos de la reforma de compras y según el reglamento que establezca la POC.

Es decir, la ley original las dejaba fuera del ámbito de control de la POC y la enmienda del nuevo senador trae a los servicios profesionales bajo el control de la POC por la puerta trasera.

Además, crea una categoría de contratos (“legales, contables, financieros, auditoría, comunicaciones o cualquier otro servicio profesional contratado para la formulación de política pública”) que, aunque tienen que seguir el reglamento de la POC, no tienen que cumplir con las formalidades de una solicitud de calificaciones o de propuesta.

La actual pareja de Mercado Rivera, el exfuncionario Anthony Omy Maceira Zayas, celebró en sus redes sociales la radicación del Proyecto 1612 por parte de Matías Rosario. El licenciado Maceira Zayas es también asesor legal por contrato del Senado.

El proyecto 1612 llegó a ser descargado al pleno del Senado el 2 de junio pasado, el mismo día que fue radicado. Pero en vez de aprobarse, como suele suceder con las medidas descargadas, fue devuelto a la Comisión de Gobierno.

Matías Rosario, se convirtió en el primer agente de esa institución en ocupar un escaño en el Senado puertorriqueño y es el primer dominicano que electo senador por acumulación en la isla. Se desempeñó además como vicepresidente de la Asociación de Policías Organizados (APO).

FUENTE AL MOMENTO