Proponen el arbitraje como solución a crisis por el canal en río Masacre
El conflicto suscitado entre Haití y República Dominicana por la construcción inconsulta de parte del vecino país de un canal para desviar el caudal del transfronterizo río Masacre oDajabón, sigue acaparando la agenda nacional y durante este fin de semana fue centro de los discursos de los políticos en campaña.
La forma en cómo se ha manejado el tema a nivel nacional, sobre todo el ordenar el cierre de la frontera de parte del Gobierno dominicano, sigue despertando las críticas de la oposición, mientras desde el oficialismo se propugna por la unidad nacional y las vías del diálogo para seguir abordando la situación.
Fuera de los discursos de campaña, el historiador y economista Bernardo Vega, considera que una posible salida al conflicto por la construcción del canal que, de iniciar como una obra de particulares, cuenta ya con el apoyo expreso del Gobierno haitiano, es llevarlo al plano del arbitraje internacional. Esto se haría invocando el tratado de 1929 y sugiere como intermediarios a la Corte Internacional de La Haya, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USCorp of engineers, en inglés).
Una «apertura parcial» de la frontera
A la vez se debería ordenar una apertura parcial de la frontera que permita la exportación de alimentos y la operación de la zona franca Codevi, según plantea el historiador.
«El propósito del cierre de la frontera fue parar la construcción del canal, pero ha resultado todo lo contrario, pues de un proyecto privado regional ha devenido en un ‘convite’ nacionalista nacional, dice Vega.
El historiador se refiere a las caravanas de miles de haitianos que han llegado hasta el lugar donde se construye el canal, en la localidad Juana Méndez, fronteriza con la provincia dominicana Dajabón, a dar apoyo a los que construyen la obra que cuenta, además, con el favor de bandas armadas que controlan parte del territorio haitiano.
«Haití no puede construir un canal que desvíe el río o inunde partes dominicanas, pero sí tiene el derecho de tomar aguas de ese río como lo han hecho los dominicanos en por lo menos en diez lugares» señala Vega, para quien el canal pudiera devenir en «un elefante blanco que encuentre muy costoso tomar aguas del río».
Al referirse ayer al tema, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, dijo que el Gobierno está dispuesto a sentarse a conversar de manera diplomática con las autoridades haitianas para buscar una solución armoniosa al conflicto.
Sus palabras secundaban la postura que momentos antes había manifestado el nuncio Piergiorgio Bertoldi, que clamó por una solución pacífica a la situación generada por el levantamiento de la obra.
«Realmente, coincide con las de nuestro presidente, de nuestro gobierno. En la mesa del diálogo, pero no tomar decisiones de manera unilateral como ellos lo están haciendo», manifestó Peña que participó en una eucaristía por el Día de la Virgen de las Mercedes, en el Santo Cerro de La Vega.
El cierre de la frontera
Como parte de la presión para frenar la construcción del canal en el río Masacre, que entiende desviará parte del caudal, afectando a miles de agricultores a ambos lados de la isla y podría causar inundaciones en las demarcaciones aledañas, el Gobierno dominicano ordenó el cierre total de la fronteras marítima, terrestre y aérea desde el pasado 15 de septiembre. También paralizó la emisión de visas a ciudadanos de ese país.
A casi dos semanas después, esta medida despierta preocupación de comerciantes que tienen en Haití a su principal mercado para sus productos. El tema es tomado en la actualidad por la oposición política dominicana que entiende no fue la mejor decisión.
