Sociedad Dominicana de Diarios se reúne con el Gobierno para subsanar aspectos de la ley DNI
La Sociedad Dominicana de Diarios sostuvo este lunes su primer encuentro con representantes del gobierno para tratar las ambigüedades que los directivos de la prensa han señalado en la polémica y recién promulgada Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En la reunión estuvieron presentes por parte del gobierno, el consultor jurídico, Antoliano Peralta, y el director de la DNI, Luis Soto. Por la Sociedad de Diarios, su presidente Persio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario; el vicepresidente Aníbal de Castro, presidente de Diario Libre y el asesor jurídico Manuel Tapia López.
Maldonado explicó que esta primera interacción con el gobierno sirvió para trazar la ruta de los demás encuentros que se llevarán a cabo los días 30 y 31 de enero y primero de febrero.
La comisión invitará a otros sectores ligados a la prensa y la sociedad civil junto a los cuales se buscará un consenso viable ante las repercusiones que tendría la nueva ley para el ejercicio del periodismo y los derechos, de no modificarse algunos aspectos, como de los artículos 9, 11 y 26 que obligan, a la entrega de toda información requerida por la DNI.
«La forma ambigua en que está redactada la ley se constituye un riesgo. No da límite a la imaginación, cualquier funcionario interpretando la ley a su manera pudiera generar abusos de poder y eso hay que evitarlo», expresó Maldonado.
Artículos que más afecta a la prensa
La SDD dijo que a través de la comisión se estudiará la ley completa, a fin de evitar las vulneraciones a otros derechos consagrados como la intimidad y la privacidad de la ciudadanía.
El artículo 11 , por ejemplo, obliga a «todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal» a entregarle a la Dirección Nacional de Inteligencia «todas las informaciones que esta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional».
El artículo 26 establece sanciones penales, como prisión menor de dos a tres años y multas desde nueve a 15 salarios mínimos del sector público, contra quienes «oculten informaciones» requeridas por la DNI.
La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del periódico El Nuevo Diario, en Gascue, luego de que el viernes pasado el presidente Luis Abinader motivara el diálogo para tratar estas preocupaciones, sin embargo, consideró que hay una confusión en la interpretación de la normativa.
